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martes, 18 de julio de 2023

En segunda lectura senadores aprueban Ley Orgánica de Cámara de Cuentas

 


Entre sus principales modificaciones incluye que los procedimientos podrán ser evaluados por un organismo similar internacional para asegurar el cumplimiento de los ordenamientos y mejores prácticas profesionales.

Santo Domingo. 18 de jul. de 23. El Senado de la República aprobó en segunda lectura el Proyecto de Ley Orgánica de Cámara de Cuentas, que contiene nuevas atribuciones y competencias para el organismo fiscalizador.

La pieza presentada por el senador de la provincia de San Juan, Félix Bautista, fue sancionada con una votación de 22 votos de 25 senadores presentes en la sesión de este martes.

La normativa, establece que los miembros de la Cámara de Cuentas serán electos por un período de cuatro años, además que las auditorías internas y de control de calidad técnica, ética y de procedimientos podrán ser evaluados por un organismo similar internacional para asegurar el cumplimiento de los ordenamientos y mejores prácticas profesionales.

Indica las atribuciones y competencias del organismo fiscalizador, que incluye facilitar la coordinación interinstitucional, promover la gestión ética, eficiente, eficaz y económica de los administradores de los recursos públicos y suscitar la transparencia y rendición de cuentas de quienes desempeñan una función pública o reciben recursos públicos.

El Pleno también aprobó en segunda lectura el Proyecto de Ley que modifica el artículo 4 de la Ley que regula la exploración, explotación de Petróleo e hidrocarburos. 

La normativa, propuesta por el Poder Ejecutivo, instaura todo lo relativo a la exploración en el territorio nacional con el fin de descubrir petróleo y demás substancias hidrocarbonadas, a la explotación de yacimientos del mismo que se encuentren en la superficie o en el interior de la tierra, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. 

El objetivo de la modificación es facilitar el acceso a posibilidades de cooperación e inversión extranjera en la exploración y explotación del petróleo y sus derivados en el país.

En segunda lectura los senadores aprobaron el Proyecto de Ley de Lengua de Señas en la República Dominicana, procedente de la Cámara de Diputados.

La pieza busca reconocer el uso e inclusión de la lengua de señas en la nación como mecanismo oficial de comunicación de las personas con discapacidad auditiva.

Los senadores sancionaron en primera lectura el Proyecto Ley que establece el Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos del Cumplimiento de las Medidas y Penas de Alejamiento en el ámbito de la Violencia de Genero, propuesta por los senadores Franklin Romero y Santiago José Zorrilla.

Así mismo, sancionaron en primera lectura el Proyecto de Ley de Política Nacional Antidopaje, procedente de la Cámara de Diputados. La iniciativa tiene por objeto garantizar la implementación de programas efectivos contra el consumo de sustancias para aumentar el rendimiento en el deporte.

En los turnos de ponencias, el senador Dionis Sánchez dijo que en caso de realizar un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas es necesario desligar la función y la responsabilidad de cada uno de ellos, al destacar que aún no existe una ley que establezca el procedimiento para enjuiciarlos.

Eddy Nolasco solicitó a la Dirección Nacional de Pasaportes instalar una oficina en la provincia Valverde, para evitar que los residentes en la demarcación tengan que trasladarse a otras zonas para adquirir el documento.

El senador Aris Yván Lorenzo llamó a la atención en torno a las faltas graves que actualmente cometen algunas aerolíneas que operan en el país en perjuicio de los usuarios, como son los retrasos y pérdidas de maletas.

Ramón Rogelio Genao, en representación del PRSC, reclamó al Poder Ejecutivo decretar una Legislatura Extraordinaria para que el Congreso Nacional conozca importantes proyectos, a partir del 27 de julio hasta el 15 de agosto.

La senadora Ginnette Bournigal de Jiménez desmintió que el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) haya sido sometido a revisión de su operatividad por supuestas irregularidades, por lo que entiende que ese tipo de denuncias infundadas constituyen un peligro para la seguridad nacional.

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