El Comité Nuevo Renacer, que lidera las comunidades en lucha, y el Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE), que le apoya y acompaña, reiteran a todo el país y el mundo su denuncia en torno al drama de muerte que viven las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna, Jurungo, Jobo Claro y El Naranjo, a consecuencia del desastre ambiental y humano que impone la explotación minera a cielo abierto que desarrolla la Barrick Gold en la provincia Sánchez Ramírez.
Una delegación de las comunidades encabezada por Leoncia Ramos, Ludovino Fernández y Gonzalo Francisco, Ignacio Guzmán, acompañados de decenas de comunitarios y ciudadanos que le apoyan, hacen presencia directa en las oficinas centrales de la empresa minera en Santo Domingo, para denunciar los sufrimientos de sus comunidades y la responsabilidad de la empresa en el daño global que se impone al pueblo de la región.
La representación de las seis comunidades directamente dañadas por la minera y abandonadas totalmente por el gobierno explican el gobierno y la minera han tenido que asumir la necesidad urgente de la reubicación de las comunidades y ahora con mucho mas urgencia cuando hablan de la ampliación de la explotación minera y de la instalación de un nuevo embalse de relaves tóxicos.
Denuncian que han sido abandonadas a su propia suerte y que se ha incumplido el compromiso y la promesa de su reubicación, a pesar de que el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, se comprometió a sanear la situación poblacional de la zona, para responder posteriormente a la reubicación de las comunidades. Para ello se financió y realizó un estudio a cargo de una empresa independiente, desde hace más de tres años.
Expresan las comunidades que Barrick Gold, viola la ley 6400 de medio ambiente y entra en conflicto con reglamentaciones y convenios internacionales que prohíben la existencia de comunidades en las áreas de explotación y un perímetro técnica y científicamente establecido, al tiempo que violan los derechos humanos, pasando por encima de los DESCA (derechos humanos, económicos, sociales y ambientales) y los convenios relativos a la explotación minera, así como también al “Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera”.
Es la constitución de la república dominicana, legislación fundamental y leyes especiales, las que obligan al gobierno y a la minera para que REUBIQUEN TODAS LAS COMUNIDADES. Es la indolencia, los afanes de acumulación ilegal de riquezas de los funcionarios y los intereses de la mafia local de funcionarios, técnicos y politiqueros, en la que aun participa una parte de las personas que patrocinaron la estafa anterior cuando el despojo de Los Cacaos y el desplazamiento de la comunidad de El Yagal.
Estamos ante la posibilidad real de UN DESASTRE ANTE LA POSIBILIDAD REAL del eventual colapso del MURO DE LA MUERTE, que de producirse sepultará nuestras comunidades y constituirá la culpa eterna de la irresponsabilidad gubernamental y de una empresa insaciable como Barrick Gold PVDC.
Reiteramos nuestra denuncia ante el mundo de:
- La condena a muerte que se impone a estas comunidades y sus familias, que viven en medio de una grave situación de salud, con enfermos (incluyendo enfermedades catastróficas provocadas por los metales pesados con que se contamina la zona).
- La pérdida de toda el agua para uso humano, con una empresa que ha cerrado todas las cañadas y correntías, los arroyos y envenenado los ríos, contaminado totalmente el lago más grande de agua dulce del Caribe, la Presa de Hatillo y utiliza casi el 100% del agua en sus procesos industriales, mientras desde hace 7 años, sirven insuficientemente botellones de agua procesada a una parte de las familias de las seis comunidades.
- Que Barrick Gold NO PAGA UN SOLO CENTAVO POR EL AGUA QUE UTILIZA INTENSAMENTE mientras cada familia para sus necesidades diarias debe invertir solo en agua, el equivalente del salario mínimo.
- La empresa minera NO PAGA UN SOLO CENTAVO POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE TODA NUESTRA PIEDRA CALIZA Y POR EL MARMOL QUE TAMBIÉN UTILIZA.
- No tiene fiscalización oficial real y mucho menos independiente, sobre sus manejos:
- “¿Dónde están los estudios ambientales de riesgo y operación de la Presa de Cola El Yagal, por ejemplo?
- “¿Qué pasa con el dinero que paga la Barrick Gold al gobierno, tanto los impuestos y regalías como el 5% que debe ser destinado a las comunidades, como se establece en el contrato y las leyes y que la empresa, no asegura que se cumpla como lo exigen con otros renglones del mismo contrato?
- “Porque y qué significado tiene que Barrick Gold tenga en bancos extranjeros, y probablemente en los paraísos fiscales del Caribe, el dinero correspondiente al Plan de Cierre de la mina (al que se obliga todo proyecto de explotación minera) y que conforme ley y sentido común debe estar en el Banco de Reservas y/o bajo control y seguimiento de las autoridades dominicanas y el Banco Central del país.
Es que Barrick Gold en la República Dominicana quiere seguir actuando sin control y por eso se opone a que en el Estándar Internacional por la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI) incorpore los rigores correspondientes sobre los temas medio ambiente, género y discriminación de la mujer, así como la transparencia respecto de la cadena de beneficiarios reales de las industrias extractivas.
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