Santo Domingo.- La situación en que se encuentra la mujer trabajadora amerita del gobierno la aplicación de políticas públicas que garanticen sus derechos sociales, económicos y políticos.
En cuanto al área del sector Doméstico reconocen la voluntad política del Gobierno para poner en aplicación el convenio 189 de la OIT a través de la resolución 14- 2022 del pasado 1 de septiembre de 2022 que establecen las líneas de salario mínimo, el contrato laboral, y la seguridad social. Sin embargo denuncian que aún no se ha logrado iniciar la inscripción de las trabajadoras en la TSS algo que debe solucionarse con urgencia al igual que la creación de un decreto que regule de manera especial las pensiones para las mujeres que ya no pueden cotizar a partir de estas resoluciones.
En el sector salud, la situación de calamidad en que se encuentran muchos hospitales afecta su salud emocional y física, por las carencias y el ambiente de inseguridad además de la promesa que aún espera el sector administrativo del 30% de aumento salarial que solo se les reflejó al personal asistencial (médicos, enfermeras y Bioanalistas), reconocen el histórico decreto 782-22, en el artículo 5 donde afiliados nuestros fueron beneficiados con pensiones especiales, sin embargo, para este 1ro de mayo esperan que el mismo sea complementado con otros que esperan este beneficio.
Al conmemorarse en la ocasión el Día Internacional del Trabajo, la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (Fenamutra), dijo que un gran porcentaje de las mujeres que trabajan en el Estado son madres solteras, ganan diez mil pesos mensuales como salario mínimo, y hace más de diez años que no se aumentan los salarios en el sector público, ingresos cada vez más alejado de alcanzar el costo de la canasta básica siquiera en el primer quintil.
Esa población se encuentra entrampada al no poder satisfacer sus demandas más primarias por el alto costo de la vida y con una seguridad social cuyos servicios se tragan el 47% de los gastos de bolsillo. La desigualdad salarial, la limitación en las ofertas de trabajo y la falta de equidad de género, cuestionan la posibilidad de establecer una sociedad justa.
Uno de los casos que ilustra esa realidad es lo que ocurre en contra de las trabajadoras en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), que antes que multiplicarse se disminuyen en perjuicio de madres que se ve forzada a abandonar sus trabajos para atender a sus hijos.
Tal es el caso de lo ocurrido con esos centros en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, que por deficiencia operativa tres centros han cerrado sus labores ocasionando cancelaciones masivas.
En INAIPI no cesan las cancelaciones y a duras penas respetan el fuero sindical, el salario es discriminado, ya que recientemente el personal de soporte administrativo fue al único que no se le nivelaron los salarios, lo que crea distorsión entre sus subalternos que están recibiendo salarios casi igual que sus jefes inmediatos, Ante esa situación, Fenamutra llama al presidente Luis Abinader a intervenir en INAIPI para corregir los problemas que afectan a esa institución, tal y como lo ha hecho en otras entidades para que funcionen.
Problemas como la delincuencia y la violencia ejercida en su contra, siempre serán enfrentados por Fenamutra, que surgió con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la mujer dominicana.
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